| El aumento de los precios de los productos
españoles, parece estar incidiendo negativamente en nuestra
competitividad internacional. Esta pérdida se ha evidenciado
con los datos recientemente publicados por el Banco de
España, cuyos malos resultados del sector exterior (déficit
de 40000 millones de euros, un 5% del PIB) y alta inflación
(3,2%, un punto por encima de la media Eurozona), reflejan
ciertos problemas en nuestra economía.
En efecto, España, aún siendo la octava economía del mundo,
según el último informe de competitividad del WEF (World
Economic Forum), ocupa el puesto 22 del ranking mundial
y si nos referimos al grado de penetración de las tecnologías
de la información, estamos en el 26 (Foro de Davos). Estudios
más recientes dicen que invertimos 262 euros por habitante
y año en estas tecnologías (doce años de retraso sobre
la media de la UE) y que para converger con dicha media
en cuatro años, durante dicho periodo, debería incrementarse
en un 30% la cifra anterior.
Afortunadamente, España pertenece a la zona Euro pero
ello también la obliga a mantener una “equilibrada” competitividad
dentro de la eurozona, a riesgo que, de lo contrario,
se produzcan desequilibrios que influyan negativamente
en su estabilidad económica y sobre todo en el empleo.
Por oto lado, es bien conocido que los Gobiernos influyen
en el funcionamiento de los mercados, en la medida que
establecen regulaciones que deberán cumplir los productos
y servicios consumidos, o los procedimientos seguidos
en su fabricación.
Naturalmente, los Gobiernos se ocupan de intervenir principalmente
en tres aspectos cruciales: fijando condiciones de Seguridad
(en el uso o en la producción), estableciendo límites
a la contaminación (durante su uso o producción), o considerando
factores de alarma social (por su uso o proceso de fabricación).
De tal forma que, considerándolos en la regulación, responda
ésta a estándares razonables. Sin embargo, a estos aspectos
de la regulación, que nadie pone en duda, suelen añadirse
otras políticas gubernamentales, que aún sin ser estrictamente
reglamentistas, pueden influir, positiva o negativamente,
en la competitividad de los mercados.
Por tal motivo, parecería razonable incorporar un cuarto
aspecto a las prioridades de la Administración al momento
de establecer marcos regulativos con influencia en los
mercados; es decir: Cómo los reglamentos establecidos
influyen en la competitividad de los productos o servicios
y son ventajosos para la competitividad del país o región
de la que tratemos.
Con estos síntomas, parte el club ITM, para abordar su
segunda fase del programa “Hacia la competitividad desde
la innovación”, dentro del curso 2004/2005 monográficamente
dedicado a la competitividad. Se trata ahora de observar
hasta donde nuestros mercados son suficientemente competitivos
o por el contrario, presentan distorsiones con una influencia
negativa en la competitividad.
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Sr. D. José Rosón Trespalacios
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